Nadie mínimamente serio duda de que una Cataluña independiente sea viable. Incluso, a lo largo de este último año algunas entidades financieras como Credit Suisse y Deutsche Bank nos han confirmado que será mucho más próspera y con un mayor bienestar social. Los números cantan. Sin embargo, el problema es cómo llegar.
Ahora mismo la visión que tiene la Generalitat ante sí es un auténtico pedregal sembrado de minas. Sólo imaginarlo produce vértigo. Por un lado, la enorme presión de España les obliga a trabajar casi en la clandestinidad. Y por otro, la falta de unidad de acción de los partidos soberanistas genera no pocas tensiones añadidas que nos privan de la estabilidad necesaria para seguir adelante en el proceso con suficientes garantías de éxito. Todo ello resulta bastante complicado como para pensárselo bien, por que una vez ponemos un pie ya no habrá ni marcha atrás ni posibilidad de detenerse.
Por eso es tan importante prever adecuadamente la correcta desconexión con el Estado español. En este sentido la Agencia Tributaria Catalana está llamada a jugar un papel decisivo. La nueva ley de los Cuerpos Tributarios de adscripción exclusiva a la ATC es un primer paso que debe garantizar su buen funcionamiento. Pero no será suficiente. Tarde o temprano, habrá que adoptar una decisión política de gran trascendencia: pedir a todos los agentes económicos que ingresen sus impuestos al ATC sabiendo, sin embargo, que casi les estaremos pidiendo una heroicidad.
De entrada, el pago al ATC deberá ser opcional. Por lo tanto, el riesgo de que una parte significativa de los agentes económicos no se implique es bastante elevado; más aún si deben quedar retratados ante la hacienda española. Un desafío para todos, pero muy especialmente para empresas con expedientes abiertos y por aquellas que dependen de la contratación pública del Estado. No podemos olvidar que, en Cataluña, a diferencia de los países surgidos de la disolución de la antigua Yugoslavia, todavía hay un marco jurídico vigente y un Estado que ejerce con firmeza su autoridad sobre los agentes económicos. Así pues, sería un error confiar en la buena voluntad y predisposición de los contribuyentes. Habrá algo más que agitar la bandera del patriotismo para incentivar el pago de los impuestos al ATC aunque sólo con eso ya garantizamos buena parte del pastel.
Debemos entender que el reto es colosal. En primer lugar, no es prudente transferir riesgos inasumibles en las empresas. Los riesgos, si los hay, los debe asumir íntegramente la Generalitat. En segundo lugar, debemos considerar que a menudo es la hacienda española que activa los trámites bancarios para cobrar algunos impuestos así como las retenciones a las empresas. Por tanto, el ATC deberá impedir la doble imposición. Y finalmente, según como se plantee la posibilidad de elaborar un plan de incentivos fiscales para fomentar el ingreso de los impuestos al ATC podría ser inviable. La Generalitat podría reducir la presión fiscal a las empresas que decidan ingresar los impuestos a la ATC. Pero si lo hiciera, no podrá asumir la diferencia con la hacienda española. Y si pudiera, estaría dando un incentivo en España para estrangular aún más las maltrechas arcas de la Generalitat. Y finalmente, surge la cuestión de determinar el momento adecuado de la desconexión con la hacienda española. Muy probablemente el aumento de la recaudación de los impuestos por el ATC será progresivo; pero en tal caso surge la duda de determinar qué porcentaje de los impuestos debe recaudar el ATC para poder hacer la desconexión de forma efectiva y convertirse en obligatoria para todos los agentes económicos.
Los meses previos a la desconexión, el sistema tributario catalán debería concebirse como el mapa de conexiones a Internet de cualquier ordenador, donde cada equipo (contribuyente) tiene conexión directa a un servidor (el ATC) y este, en el resto de la red (en este caso, la hacienda española). De esta manera el ATC podría planificar su desconexión con la hacienda española.
Sea como sea, tenemos delante todo un reto. Por ello es fundamental que la Generalidad proyecte firmeza y convicción. Pero sobre todo debe saber transmitir la máxima garantía a las empresas. Y difícilmente lo podrá hacer en una situación de debilidad manifiesta y de aislamiento frente al resto de agentes políticos.
En cierto modo el proceso soberanista es como el fútbol. Todo el mundo cree saber más que el propio entrenador. Pero al final es él quien debe dirigir el equipo y establecer la estrategia del juego. De nada sirve tener el mejor equipo del mundo si no siente el apoyo de la afición.
Albert Pont
Presidente del Cercle Català de Negocis
La data de publicació és: 08-06-2015