El incombustible Margallo ha sido el encargado de proyectar la imagen de una Cataluña vagando por el espacio sideral durante generaciones, por falta de reconocimiento internacional. En su momento, la ocurrencia tuvo suficiente gancho mediático, no para catastrófica y apocalíptica, sino para cómica. Esto es lo que ocurre cuando en vez de argumentos sólidos, se simplifica el discurso hasta el punto de que queda un simple eslogan tronado. Con todo, Margallo sigue insistiendo en la idea de que nadie reconocerá una Cataluña autoproclamada independiente y que consecuentemente, no podremos aplicar los tratados internacionales hoy vigentes en nuestro territorio; entre ellos 130 tratados que permiten el libre comercio. Por lo tanto, nuestros ciudadanos y nuestras empresas perderían sus derechos en el extranjero. Todo un despropósito que desde nuestras instituciones no se refleja con suficiente contundencia.
El artículo 2.b de la Convención de Viena de 1978 define la sucesión de Estados como «la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio». A continuación, define «el Estado predecesor» y «el Estado sucesor». El primero es aquel que ha sido sustituido como responsable de las relaciones internacionales de un determinado territorio y, el segundo, es el que lo sustituye. Fuera de la terminología siempre acarameladas de la diplomacia pública, no parece demasiado complicado de entender. En nuestro caso España será el Estado predecesor y Cataluña el Estado sucesor. Finalmente, la convención define «el momento efectivo de la sucesión» como la fecha a partir de la que España dejará de representar a Cataluña en nuestras relaciones internacionales. Sin embargo, no especifica cuál debe ser ese momento: la fecha de la proclamación, la fecha del referéndum de autodeterminación … a lo largo de las últimas décadas, en cada caso de secesión se ha adoptado una opción diferente.
Sin embargo, de entrada lo que implica que no hay períodos de transición, contrariamente a la creencia popular. Tal día a tal hora, se hará efectiva la sucesión de Estados y podremos dar por cerrado este capítulo de nuestra historia en el que hemos formado parte de un Estado infame, por simple derecho de conquista. En segundo lugar, Margallo presenta la falta de reconocimiento como el peor de los escenarios posibles (para Cataluña), cuando en realidad dejaría las cosas como están. En tal caso, se nos continuaría tratando como una región de España. Por lo tanto, bien mirado, Margallo tiene razón: es el peor de los escenarios posibles …
En la práctica, el Estado que negara su reconocimiento a una Cataluña autoproclamada independiente, nos estaría diciendo, que para él, Cataluña continuaría siendo una región de España; que en sus relaciones con Cataluña la sucesión no se habría producido y, que por tanto, sería el gobierno español quien continuaría representando nuestro territorio en sus relaciones con ese Estado. Técnicamente, esto puede pasar. Pero es del todo improbable, especialmente si España pierde el control efectivo sobre Cataluña. Y eso es lo que ocurrirá en un escenario de secesión no pactada en el que la Generalitat vaya asumiendo funciones de Estado unilateralmente.
Digo que este supuesto es del todo improbable que los Estados y los organismos internacionales miran exclusivamente por sus intereses. Y a nadie le interesará que sea España quien represente a Cataluña en sus relaciones internacionales, habiendo perdido el control efectivo sobre el territorio y sus ciudadanos. En tal caso, sólo el gobierno de Cataluña podrá garantizar la aplicación del Derecho Internacional y de los tratados en su territorio y, por tanto, la continuidad de los derechos de los residentes en justa reciprocidad por el respeto de nuestros derechos fuera de Cataluña.
Tal y como dice Margallo es cierto que algunos Estados como China, Francia, Marruecos, Turquía o Italia, temen la repercusión de nuestra independencia en sus respectivas regiones secesionistas. Y sin embargo, por eso mismo nos habrán de reconocer. Una Cataluña independiente no reconocida ni por España ni por estos países podría incentivar la secesión de algunas de sus regiones sin incurrir, por este motivo, en un ilícito internacional. En tal caso, estaríamos violando una norma estructural del Derecho Internacional, pero al no tener subjetividad internacional ante estos países por falta de reconocimiento, el responsable internacional por nuestros hechos, sería España. Así, Cataluña sólo debería cumplir la obligación de no meterse en los asuntos internos de otros Estados en la medida que sea considerada y tratada como entidad soberana.
Por otra parte, quisiera recordar que la vigencia de los tratados multilaterales firmados por España y en vigor en Cataluña en el momento efectivo de la independencia está más que garantizada. Margallo afirma que los países que no nos quieran reconocer dejarán de aplicar los tratados en Cataluña. Craso error. Los Estados que no quisieran reconocer nuestra independencia podrían continuar aplicando los tratados multilaterales directamente con una Cataluña independiente, para que formar parte de un tratado multilateral no supone el reconocimiento de Estados. Esto sólo ocurre con los tratados bilaterales y con los tratados constitutivos de organizaciones internacionales.
Más allá de estas consideraciones jurídicas, hay numerosos motivos que nos permiten garantizar el reconocimiento masivo de la independencia de Cataluña. En primer lugar, Cataluña sólo tendría obligación de asumir una parte de la deuda del Estado español contraída con entidades públicas que la hayan reconocido. Aquellos Estados que consideren que Cataluña sigue siendo una región de España, después de la proclamación de la independencia, deberán continuar reclamando al gobierno español el pago íntegro de la deuda. Adelante, para reclamar que no quede … En cambio, nosotros sólo nos pueden reclamar una parte de la deuda pública española, en la medida que nos reconozcan como Estado sucesor de España y, por tanto, como su sustituto Estado español en el ejercicio de los derechos y obligaciones contraídas con terceros.
Por este motivo siempre he defendido la disolución del Estado español, aunque sea como mal menor. La disolución formal de España permitiría separar el grano de la paja. Permitiría liberar las regiones más productivas y económicamente eficientes a cambio de que asumieran una parte de la deuda del Estado español. Y al mismo tiempo, permitiría reducir el peso de la economía española y, así, hacer más pequeño el problema de que esta pueda representar para la Unión Europea.
A estas alturas ya sabemos que no hay que preocuparse mucho por quien reconocerá nuestra independencia. Si sabemos jugar nuestras cartas, lo hará todos. En cualquier caso, al final, la que será irreconocible será España.
Albert Pont
Presidente del Cercle Català de Negocis
La data de publicació és: 17-02-2015