La reciente visita de Mariano Rajoy en Barcelona ha sido tan fugaz como estéril. No ha aportado nada nuevo. En menos de dos horas ha despachado el «problema» catalán. Es más, esta visita ha sido un insulto a la inteligencia humana, un nuevo acto de desprecio hacia los catalanes. Rajoy no ha venido como presidente del gobierno español, si no como jefe del Partido Popular; la cuarta fuerza política en Cataluña. Su intervención no ha enriquecido en nada el debate sobre los pros y contras de la independencia. Pero sobre todo evidencia la falta de voluntad de diálogo del gobierno español. No son simples gestos. Rajoy responde a una política perfectamente calculada por los halcones de la España tardo franquista que anidan en los despachos del Partido Popular, de las Faes y de la Fundación Nacional Francisco Franco.
La táctica del Gobierno pasa por estrechar aún más el débil autogobierno de Cataluña e inducir al progresivo endeudamiento de la Generalitat con el Estado español. La Ley de cajas, la Ley de Cámaras, la Ley de garantía de unidad del mercado, la Ley de regulación del micromecenazgo, la Ley Wert, la reducción de las inversiones en infraestructuras, la recentralización del gasto público, los constantes incumplimientos presupuestarios , el déficit fiscal, la manipulación de la fiscalía del Estado y del Tribunal Constitucional, etc., pretenden ser medidas que deberían permitir obtener, en el gobierno, una cierta ventaja de cara a una posible salida pactada del proceso soberanista. Así, el gobierno español calcula que cualquier pacto que abortara el proceso soberanista nos dejaría en una situación previa a la ofensiva recentralizadora del Estado. En tal caso tendremos retrocedido hasta junio de 2010, como si no hubiera pasado nada. Pero además, nuevamente nos dejaría a expensas de la voluntad de Madrid. Y una vez vencidos por ahogamiento, Madrid nos mantendrá atornillados veintidós cinco años más; el tiempo que tardaremos en pagar los 32.000 millones de euros de deuda inducido por la instrumentalización de unos mecanismos de financiación autonómica, que no tienen otro objetivo que hacer crecer la deuda de una Comunidad Autónoma que por sí sola sería autosuficiente. Y mientras estando, las comunidades subvencionadas bajan impuestos y se hacen el loco cuando se tienen que hacer recortes.
Y a pesar de todo, el proceso sigue adelante. Ya no hay lugar para excusas. Hay que poner en marcha las estructuras de Estado sin más demora y dotarnos de una constitución de la que emane un nuevo régimen jurídico. Y mientras tanto tenemos que seguir trabajando, porque todavía hay ciudadanos que no lo quieren ver. Tenemos que seguir explicando que a finales de año el déficit fiscal acumulado desde 1986 superará los 300.000 millones de euros; que si no hubiera existido el déficit fiscal, hoy Cataluña no tendría deudas, ni déficit, ni debería hipotecar su crecimiento futuro. Debemos continuar explicando que si las inversiones del Estado hubieran sido equitativas al peso económico de cada territorio ya su aportación, hoy Cataluña representaría casi el 30% del PIB de toda España; que el déficit fiscal se podría haber evitado si la economía sumergida de España tuviera un peso homologable a la de los países de nuestro entorno; que si destinéssim un tercio del déficit fiscal a los ayuntamientos catalanes, casi todos ellos podrían doblar sus presupuestos y muchos de ellos, incluso, triplicarlos … Pero sobre todo, hay que explicar que el modelo económico español, basado en la economía extractiva, las obras públicas y la economía de los mercados oligopolísticos, no funciona. Nuestro modelo económico es completamente diferente y por eso mismo, necesitamos un Estado que adecue sus políticas económicas a las necesidades del país.
¿Y las dudas? Las dudas se disipan a medida que avanzamos en el proceso, a pesar de la malsana insistencia de los intoxicadores. En aplicación del principio de continuidad de los Estados, España heredará embajadas y representaciones en organismos internacionales, pero también la deuda española, en tanto no se llegue a un acuerdo con Cataluña y transfiera los activos que también nos corresponden. Además, mientras no llegue el acuerdo sobre el reparto de la deuda, Cataluña podrá dejar en suspenso el pago de la deuda contraída con España, lo que representa el 47% del total. Así, si las cosas se hacen bien, Cataluña podría nacer con un endeudamiento del 17% del PIB, cuando la media de endeudamiento de los países de nuestro entorno supera el 90%.
Ahora ya sabemos que una Cataluña independiente necesitará unos 5.500 millones de euros al mes para asumir todos los gastos de Estado, incluidas las pensiones y las prestaciones por desempleo; y que sólo evitando el déficit fiscal conseguiremos gestionar más de 5.800 millones de euros al mes. No tengamos dudas. Los números salen. Por tanto, en principio no necesitaremos endeudarnos para construir estructuras de Estado. Además, hay organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas que podrían avalar la economía catalana mientras constituimos nuestro propio banco central.
Sabemos que la Generalidad deberá respetar los derechos de explotación y de concesión de las empresas españolas (y catalanas) que gestionan recursos y bienes públicos en Cataluña; pero también sabemos que en virtud del principio de la plena soberanía sobre los recursos propios, será Cataluña y no España, quien desde el día siguiente de la independencia, deberá percibir los réditos de la explotación de sus bienes públicos. Esto supone disponer de un instrumento de financiación adicional, que puede hacer viable la independencia desde el mismo momento de su proclamación.
También sabemos que los tratados multilaterales de libre comercio, los que constituyen el Espacio Económico Europeo y la Zona Aduanera Europea, se transmiten casi automáticamente, mediante una simple notificación de sucesión. Y sabemos que los Estados del mundo deberán reconocer la república de catalana si quieren seguir disfrutando de los derechos establecidos en tratados bilaterales firmados con España y en vigor en Cataluña. Ahora ya tenemos claro que habrá que negociar nuestra adhesión a la UE como Estado miembro de pleno derecho. Pero mientras estando podremos continuar aplicando la legislación comunitaria tal y como hacen los países candidatos, a medida que se van cerrando los capítulos de las negociaciones con la UE, simplemente por que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y hasta que no seamos admitidos como miembro de pleno derecho, podremos dejar de pagar a la UE más de 2.600 millones de euros anuales y destinarlos a nuestro campesinado, a los sectores económicos más tocados por la crisis y los segmentos sociales más desfavorecidos.
Ya empezamos a tener claro que mientras España no reconozca nuestra independencia, seguiremos siendo territorio comunitario y podremos seguir disfrutando de la ciudadanía europea. Y que mientras el resto de miembros de la comunidad internacional no reconozca nuestra independencia, no tendremos que asumir la parte de la deuda que España haya contraído con ellos, ya que para asumir una deuda soberana hay que ser reconocido como entidad soberana. Si algún Estado no nos quisiera reconocer, debería tratarse como una región de España, es decir, como parte de un Estado miembro de Schengen, de la UE y del Espacio Económico Europeo. Y si nos reconoce, es precisamente para hacer efectiva la sustitución de España por Cataluña nos las relaciones internacionales de nuestro territorio. No tendremos que hacer pues, ninguna sal al vacío. Ni tendremos que pedir ningún sacrificio insoportable a nuestros conciudadanos. Al contrario. La financiación, las pensiones, la seguridad jurídica, el reconocimiento internacional y la adhesión de Cataluña a los organismos internacionales están más que garantizados.
Nos falta, pues, seguir avanzando en el proceso, seguir divulgado la necesidad de la independencia y como poco a poco hemos ido neutralizando los posibles riesgos. Pero sobre todo, necesitamos tener una actitud constructiva y dar un voto de confianza a una clase política que no siempre ha hecho méritos para merecerla. Y mientras tanto Rajoy que vaya diciendo.
Albert Pont
President del Cercle Català de Negocis.
La data de publicació és: 01-12-2014