Publicado en VilaWeb: https://www.vilaweb.cat/opinio_contundent/4214579/deute-espanya.html
Compañeros, hemos hecho lo imposible para impedir que se sepa, pero, sin embargo ya no se puede ocultar más. Lo reconocemos públicamente antes que vengan de fuera a decirnos esto: Cataluña está en deuda con España, una deuda que ha aumentado exponencialmente en los últimos años.
De hecho, el gobierno central es el principal acreedor de Cataluña. La Generalitat le debe unos 32.000 millones de euros; una deuda contraída principalmente entre 2012-2014. Esto representa el 47% de la deuda pública catalana. Casi 24.000 millones provienen del Fondo de Liquidez Autonómica. El resto corresponden a transferencias ICO para cumplir las obligaciones con los proveedores y los vencimientos financieros. Y todo ello, pese a que en el mismo periodo Cataluña ha generado suficientes ingresos fiscales (210.000 millones de euros) como para evitar su progresivo endeudamiento y los recortes presupuestarios. La independencia es la única vía posible para romper esta tendencia.
Sin embargo, España también tiene compromisos y obligaciones con Cataluña, como los derivados del incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Miravet y los sucesivos incumplimientos presupuestarios. En total, la Generalitat atribuye a España una deuda con Cataluña de más de 9.300 millones de euros, aunque la obligación de pago haya sido rechazada por el TC. Tal es el valor que España da al Estatuto de Autonomía. Y es que tal vez, no tiene ningún otro.
El caso es que a menudo hemos oído decir que en el supuesto de secesión no pactada cada una de las partes deberá asumir su propia deuda, al menos hasta que no haya un acuerdo sobre su reparto y sobre la transmisión de los activos del Estado español. Al menos, así lo dice el Llibre Blanc del Consell per a la Transició Nacional. Esto es cierto, pero sólo parcialmente. En realidad, hay un paso previo que muchos han obviado. La consecuencia directa e inmediata de la independencia es la suspensión de los derechos y obligaciones entre las partes mientras duren las negociaciones, a menos que lleguen a un acuerdo en contrario. Esto quiere decir que, de un día para otro, la independencia podría conllevar la reducción de la deuda de la Generalitat a casi la mitad, precisamente aquel 47% de la deuda contraída con el Estado español al que hacía referencia. Así el Estado catalán nacería con una deuda equivalente al 17% del PIB, si no tardamos mucho más a marcharnos.
La razón es diáfana: con la independencia España dejará de cumplir sus obligaciones con Cataluña, de hecho, como digo ya lo hace ahora, amparándose con una sentencia del TC y en un rostro granítico que no les cabe en la toga. Pero en reciprocidad, Cataluña podría dejar en suspenso el pago de la deuda contraída con el Estado español, al menos hasta que haya un acuerdo global sobre el reparto de activos y pasivos, y éste se haga efectivo.
Evidentemente, esta es una cuestión que dependerá de una decisión política unilateral. Y ya se sabe, la unilateralidad quiere coraje y unidad, cosas de las que no vamos demasiado sobrados. Bueno, coraje, unidad y un Tribunal Constitucional propio que nos diga que no tenemos obligación de pagar las deudas contraídas con España y se quede tan ancho, tal y como hace el TC español con nosotros. Además, el Presidente Mas, aún no sabe una cosa: la unilateralidad crea adicción. Una vez empiezas, ya no puedes parar. Y si no lo cree, basta que lo pruebe una vez y ya me lo explicará.
Sea como sea perfectamente se podría tomar una decisión en este sentido; más aún si tenemos en cuenta que el déficit fiscal acumulado desde 1986 supera los 300.000 millones de euros. Obviamente, Madrid podría recurrir a instancias internacionales … o al cobrador del frac. Pero en el primer caso, estaría reconociendo la independencia de Cataluña. Y aunque no fuera así, resolver estas cuestiones en el marco de organismos internacionales requiere mucho tiempo. Y mientras tanto la prima de riesgo trepando por las nubes.
Debemos ser conscientes que al final tendremos que hacer un tanto alzado, y tendremos que asumir una parte de toda la deuda pública española. Pero los 32.000 millones de euros que les debemos y los 9.300 millones que nos deben, se incluirán en la negociación. Haríamos muy mal hecho de dar por asumidos los unos y por perdidos los otros, sin más.
Cuando era niño, en casa siempre me habían dicho que demasiado bueno quiere decir tonto. Aunque todavía no he entendido muy bien por qué me lo decían…
Albert Pont
Presidente del Cercle Català de Negocis
La data de publicació és: 13-10-2014