La diada de 2012 fue la diada de los convencidos, la de los catalanes de raíz, los del bruto; aquellos que perseguían una quimera irrealizable y acabaron superando sus propias expectativas en un desafío sin precedentes. La diada de 2013 fue la de los no convencidos y la de aquellos que habían superado el discurso del miedo y se habían añadido a la ola estimulante que atravesaba toda Cataluña. Finalmente, la diada de 2014, ha sido la fiesta de los incrédulos. Aquellos que durante todo este tiempo se han comportado como si el proceso no fuera con ellos. Aquellos que lo contemplaban desde la ventana distorsionadora de las cadenas de televisión españolas. Aquellos que habían aprendido a vivir confortablemente, sin necesidad de posicionarse a favor o en contra, pensando que todo ello no era más que una fiebre pasajera y que en un momento dado, hubieran aceptado cualquier resultado de las urnas, fuera cual fuera . El incrédulo es un espécimen en extinción. Ahora nadie puede hacerse el desentendido. La independencia ya es un hecho. Y lo es, desde el momento en que hemos conseguido que todos los ciudadanos de Cataluña lo hayan interiorizado como un axioma. Ahora sólo nos toca ejercerla.
España se consume en cada paso que da contra Cataluña. Hemos superado el discurso del miedo y el discurso de la corrupción. Hemos superado el intento de confrontación de la ciudadanía contra la Generalitat con motivo de los recortes y los impagos a funcionarios y a proveedores. Y finalmente, hemos superado la amenaza de confrontación civil procedente de diadas alternativas ultranacionalistas. Y ahora, con la misma prudencia y determinación, superaremos el discurso de la legalidad constitucional y del Derecho divino al que se aferran los monarcas que no tienen ninguna otra legitimidad.
Nuevamente, hemos vencido la España intoxicadora, simplemente porque la decisión ya estaba tomada; hace trescientos años que late en nuestros corazones. Es más, una vez evidenciada una mayoría social a favor de la independencia expresada en las urnas, nadie nos cuestionará cómo lo hemos hecho. Nadie en el mundo nos preguntará si la consulta ha sido legal o no.
En efecto, desde la comunidad internacional siempre se nos ha dicho que el proceso catalán era una cuestión interna del Estado español, rehuyendo cualquier forma de apoyo explícito a Cataluña. Y es cierto. Los Estados no pueden tomar parte en los asuntos internos de otros Estados. Es un principio estructural del Derecho Internacional, consagrado en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Y sin embargo, esto tiene una segunda lectura. La comunidad internacional sólo puede actuar si alguna de las dos partes vulnera una norma de Derecho Internacional general, como las que hacen referencia a los Derechos Humanos, la democracia y crímenes de lesa humanidad. Pero no pueden actuar contra la violación de normas internas de un Estado. Simplemente, porque como bien nos dicen es un asunto interno.
En cualquier proceso de secesión se impone el pragmatismo. Así, la comunidad internacional acaba reconociendo mayoritariamente al gobierno que ejerza la soberanía de facto sobre el territorio secesionista. Es con él con quien deberá tratar si quiere mantener intactos sus derechos y privilegios. Sin embargo, el ejercicio de facto de la soberanía no se demuestra cometiendo ilegalidades. Se demuestra haciendo cumplir la propia ley y, sólo si fuera necesario, desacatando cualquier mandamiento y posicionamiento político que nos pudiera venir de Madrid. Es decir, desautorizando su autoridad si es que aún les queda.
Albert Pont
Presidente del Cercle Català de Negocis